La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), saludó que el titular del MTC defienda el principio de subsidiariedad del Estado en la economía al rechazar la iniciativa legislativa de revivir en el país una aerolínea de bandera, y que haya citado el artículo 60 de la Constitución como fundamento.
“Sin embargo, ya que el dicho artículo reconoce que el Estado no es empresario sino que tiene un rol subsidiario o supletorio, los operadores portuarios esperamos que el MTC también aplique este principio a los proyectos sobre plataformas logísticas en las que trabajan sus funcionarios”, explicó José Vicente Silva, presidente de ASPPOR.
Señaló que en el rubro “no se necesita que el Estado cree centros logísticos porque ya existen y los proveen los privados (depósitos temporales que son centros logísticos, almacenes e inversiones de privados en dicha infraestructura, incluida la que piensa desarrollar el concesionario del aeropuerto internacional en 280,000 m2), existiendo una intensa competencia privada entre una veintena de empresas especializadas que proporciona -solo en el Callao- más de dos millones de m2 para los 2 millones y pico de contenedores que son exportados y/o importados”.
El presidente de ASPPOR añadió que ante esa realidad, “el Estado no tiene por qué intervenir o competir con estas compañías de nivel internacional. Más bien, le corresponde apoyarlas dando servicios estructurales, de infraestructura básica como carreteras, viaductos que faciliten el ingreso y salida de la carga de las terminales portuarias y cuidar el clima de inversión para que sigan contribuyendo al fisco y generando empleo formal”
El Estado no debe descuidar su trabajo
ASPPOR advirtió que la participación del Estado como “un empresario más” en la industria de centros logísticos y/o en la construcción de los mismos, solo añadiría ineficiencia, sobrecostos y competencia desleal en el sector, pero también desviaría al propio MTC de su verdadera responsabilidad, en este caso, que es brindar buenos accesos a los puertos del país, además de seguridad.
“Que el Estado se distraiga en intromisiones en el mercado privado, en muchos casos cubre ausencias de gestión en lo que realmente le compete. Esos vacíos terminan costándole al país ingentes recursos y tiempo. Es dejar de actuar en lo que sí es su obligación, para intervenir en otra actividad para la que no ha sido concebido”, precisó