Sector naviero y derogatoria de la Ley de Promoción Agraria

SECTOR MARITIMO

Sector naviero y derogatoria de la Ley de Promoción Agraria

También se afectará la cadena logística de las agroexportaciones

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, por la presión de unas minorías radicalizadas que bloquearon carreteras y atacaron la propiedad pública y privada en varias regiones, no solo tendrá impactos negativos en el sector agroexportador, sino también en la enorme cadena logística que existe alrededor de esta actividad. En el Congreso se ha olvidado que para que una palta peruana llegue a una mesa de Europa o Asia es necesaria una cadena de abastecimiento y de logística inmensa y moderna.

En ese sentido, los cambios de las reglas de juego en el sector agroexportador van a rebotar directamente en el costo de la logística y de los envíos de los productos agrarios a los mercados internacionales. Si las agroexportaciones comienzan a descender, los costos logísticos tenderán a incrementarse porque los contratos establecidos alrededor de determinados envíos dejarán de cumplirse. El resultado: menos economías de escala y mayores costos por producto exportado. ¿Quién pagará la subida de estos costos que, en el mediano o largo plazo, aumentarán la pérdida de competitividad del agro?

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, entonces, también pone en peligro una gran cadena de valor, integrada también por toda la logística de comercio exterior, industria del empaque, tecnología e innovación para el campo, servicios de transporte, científicos, vivienda y salud para los trabajadores del agro, servicios hoteleros y gastronomía, entre otros. Se estima que los envíos agrícolas desde el Callao al mundo entre el miércoles y el viernes (en los que se realiza el 69% de los envíos de la semana) disminuyeron hasta 75% a causa del paro agrario. Esta situación impactó directamente en las cargas de transportes de las navieras. Asimismo, si la nueva ley agraria tiene un contenido anti inversión se tendrán que recalcular los costos de los envíos; otra carga mayor que deberán asumir las empresas peruanas y los compradores.

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria se produce cuando el sector logístico y naviero libra una batalla contra el Estado porque, durante la administración Vizcarra, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) promulgó el Decreto Legislativo Nº 1492, que supuestamente busca impulsar la competitividad logística del comercio exterior, a través de la transparencia de los costos, y también asegurar la predictibilidad en las operaciones que realizan los usuarios con respecto a los servicios contratados.

Vamos a explicar bien este asunto. Los burócratas defensores del D.L. N° 1492 indican que la norma busca reducir la “asimetría en la información” y que los “usuarios negocien sus contratos en igualdad de condiciones”. No obstante, la norma ignora que el transporte marítimo internacional de carga se rige por contratos privados, celebrados entre embarcadores y navieras, bajo convenios internacionales suscritos por el país.

No solo eso, cuando se afirma que existe una “asimetría de información” se pasa por alto que la información sobre servicios y tarifas es transparente, conocida y negociada diligentemente y con anticipación por los clientes de las navieras. Como la mayoría de empresas es grande o mediana, la competencia entre las navieras por las cargas de estos clientes es fuerte, y las negociaciones suelen abarcar no solo el flete marítimo sino también las tarifas locales y los días libres de sobrestadía, entre otros, a cambio de un volumen considerable de carga.

Asimismo, estos defensores indican que esta nueva norma “es útil para que las pymes usuarias de las navieras logren ahorros en las excesivas tarifas que se les cobra». Pues simplemente no existe la gran masa de pymes a la que se refieren. La realidad es que más del 90% de los clientes de las navieras son grandes y medianas empresas, y solo aproximadamente un 6% son pymes. El grueso de pymes usuarias son clientes de los agentes de carga internacional marítima –otros agentes de la cadena no agremiados en ASPPOR, ASMARPE ni APAM–, que brindan un servicio más adecuado a las necesidades de carga menuda. Por ello son los arreglos contractuales celebrados entre las pymes y los agentes de carga internacional en donde se definen los servicios que se van a prestar y los precios que serán cobrados. Las empresas navieras no son responsables de los servicios ni de las tarifas que las agencias de carga internacional cobran a sus clientes.

La nueva ley de una agroexportación –que reemplazará a la Ley de Promoción Agraria, que capitalizó el campo y que generó una enorme clase media alrededor de las regiones– le quitará competitividad al sector y a la enorme cadena que hoy se ve en la incertidumbre. Estamos, entonces, ante un peligro para la competitividad de las empresas peruanas.

ver nota original en: El Montonero